Manual para un año electoral: tecnología en la Agenda política

El próximo 2011 será año electoral. El 22 de mayo todos los municipios del Estado español y 13 comunidades autónomas celebrarán elecciones para elegir a sus gobernantes. Este año le pido a los Reyes (léase Magos, que los otros…), a Papá Noel y hasta al mismísimo Olentzero que los candidatos en vez de insultarse y hacerse reproches como viene siendo habitual, discutan los temas que realmente importan a la ciudadanía, entre ellos la tecnología, que tradicionalmente ha sido una gran olvidada en las agendas políticas electorales.

Aunque nadie duda que la tecnología se ha convertido en un factor fundamental de la vida de las personas con importantes derivadas en la economía, la calidad de vida y la participación ciudadana los partidos políticos de todo el Estado español siguen dándole escasísimo peso en sus programas electorales. La tecnología nos importa y los ciudadanos tenemos derecho a conocer lo que los candidatos nos proponen en cuanto a políticas tecnológicas se refiere y los programas electorales deberían recoger los compromisos relacionados con el desarrollo de la administración electrónica, la sociedad de la información y los servicios al ciudadano.
Este artículo pretende reflexionar sobre algunos de los aspectos clave en los que la tecnología afectará a Administraciones y ciudadanos. Aspectos todos ellos con un importante efecto político y social que deberían estar en la agenda de nuestros futuros gobernantes.
- Transparencia. Concepto paraguas y que puede englobar muchos de los siguientes puntos de reflexión. En un mundo en el que las organizaciones están desnudas (por si alguien lo dudaba, Wikileaks acaba de dejar claro que tener secretos hoy es muy complicado), la transparencia es un mandamiento. Con una ley de transparencia en el horno, las Administraciones se enfrentan al reto de “abrirse el kimono” y mostrar a los ciudadanos tanto como sea posible. Las tecnologías de la información son una herramienta fundamental para esta transparencia, para permitir a los ciudadanos el acceso a indicadores de control de gasto, cumplimiento presupuestario y programático, etc.
- Apertura de datos. Una parte fundamental de la anteriormente comentada. Transparencia es la política de apertura de datos. El uso de los datos generados por la administración es un derecho para cualquier ciudadano, ya que su producción se ha financiado con los impuestos de todos. Por otro lado, la explotación de los datos por parte de la sociedad genera usos creativos y servicios que la Administración no tiene capacidad ni obligación de proporcionar, incrementado colectivamente el bien común. Resumiendo la información es un patrimonio del procumun y las Administraciones deben permitir su acceso y reutilización por los ciudadanos. Esta apertura de datos debería abrirse a los contenidos en general, cualquier contenido generado por las Administraciones debería ser liberado bajo licencia Creative Common permitiendo su reutilización creativa por parte de la ciudadanía. El Eusko Jaurlaritza (Gobierno vasco) es pionero en el área de apertura de datos y está llevando a cabo una interesantísima labor en este sentido.
- Participación ciudadana y democracia fuerte. Hasta ahora los ciudadanos, salvo escasísimas excepciones, limitan su capacidad de participar y elegir a una vez cada cuatro años. Internet y las nuevas tecnologías además de permitir el despliegue de servicios ciudadanos (e-government) permite aumentar la participación activa de éstos, posibilitando incluso la “democracia fuerte” que daría a los ciudadanos la capacidad de opinar y elegir sobre aspectos concretos (e-democracy). Experiencias en este sentido se han llevado ya a cabo en distintas ciudades del estado español, por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona.
- Open Source y política de copyrights. El ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, introducía este año en el debate político la utilización del software libre por parte de las Administraciones Públicas. Las polémicas declaraciones de Ibarra, aunque excesivamente simplificadoras, ponían el dedo en la llaga sobre la necesidad de decisiones políticas (algunos se escandalizan al hablar de opciones políticas en tecnología, pero la tecnología tiene derivadas económicas y sociales por lo que está abierta a interpretaciones políticas e ideológica) respecto al uso del software libre en las Administraciones. Ibarra se refería fundamentalmente a la capacidad de ahorro y reutilización, pero más allá de estas búsquedas de eficiencia, la apuesta de nuestros gobernantes por el software libre debería ir mucho más allá de los costes. Es una elección entre un sector TIC formado por vendedores de tecnología o un sector formado por creadores de tecnología. No hay respuesta correcta y políticamente se puede optar por lo que se quiera, eso sí ha de optarse y comunicárselo a los ciudadanos.
- Nuevos espacios públicos híbridos. Las tecnologías de la información permiten una reapropiación ciudadana del espacio público. Numerosos arquitectos, urbanistas y sociólogos proponen nuevos modelos de ciudad en los que la tecnología se convierte en un componente fundamental del espacio urbano. Como explicaba el arquitecto José Pérez de Lama en la presentación de su proyecto para la Plaza de las Libertades en Sevilla: “Podemos comparar los flujos electrónicos en la metrópolis contemporánea con el agua en las ciudades antiguas. Nos planteamos hoy un proyecto similar, en el que los bits, que atraviesan la mayoría de las actividades humanas, participen en la creación de experiencias urbanas contemporáneas, generando sinergias entre lo productivo, lo social y lo estético”: las tecnologías de la información van a ser claves en la nueva ciudad, tanto desde el punto de vista infraestructural (smart cities) como desde el punto de vista de la ciudadanía (ciudades creativas). Además de la citada experiencia en Sevilla, destacan también en España la Milla Digital de Zaragoza o el proyecto de Barcelona Smart City.
Todos estos aspectos serán fundamentales para construir nuestras sociedades del mañana y deberíamos conocer lo que nuestros políticos opinan sobre ellos. Los ciudadanos queremos saber.


Jaime García Cantero es analista independiente.

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