Una inversión de 330 millones dotará a escuelas e institutos con redes ultrarrápidas e infraestructuras TIC
La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, será gestionada por el Ministerio de Industria y ejecutada a través de Red.es. Con el proyecto se pretende fomentar la equidad en el acceso a las nuevas tecnologías por parte del alumnado.
El nuevo convenio marco para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles va a estar dotado con 330 millones de euros. De él se beneficiarán más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes españoles no universitarios sostenidos con fondos públicos. El objetivo es extender y consolidar el uso de la Tecnología en el Sistema Educativo Español, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela, de la Agenda Digital para España y del Informe CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas).
El proyecto dotará de conectividad a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida a escuelas e institutos, prestando especial atención a aquellos que, por razones de ubicación, encuentran mayores dificultades para acceder a estos nuevos servicios de conectividad. También se podrá dotar a los centros educativos de redes internas de comunicaciones en todas las aulas y resto de instalaciones, así como equipamiento y sistemas de gestión, e infraestructura y recursos TIC.
Además, se incluye la posibilidad de que los centros accesan a RedIRIS, la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria.
Parte de la inversión podrá destinarse a la ampliación de la capacidad actual de RedIRIS, para cubrir el incremento de tráfico previsto.
Los 330 millones de euros con que se ha dotado a este plan se cofinanciarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente.
Los trabajos se ejecutarán a través de Red.es mediante licitaciones públicas para que los operadores puedan ofrecer sus mejores soluciones técnicas y económicas en concurrencia, lo que tendrá además el efecto de extender la disponibilidad de infraestructuras digitales de última generación a toda la población, y especialmente a los territorios más aislados.
La participación de las Comunidades Autónomas se articulará mediante convenios específicos con cada una de las comunidades autónomas que decidan sumarse o participar en este plan.
