| Noticias | 09 MAR 2007

AETIC insta al Gobierno a aplicar una norma equilibrada sobre los dispositivos digitales

En pocos días el Gobierno materializará las modificaciones en torno a la legislación de los derechos de autor por copia privada que afecta, en esta ocasión, a soportes y dispositivos tecnológicos susceptibles de almacenar contenido digital.
Pablo Oliveira y Silva
La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) considera esta ley una adaptación a los ?tiempos modernos? de la informática, pero le parecen las propuestas recibidas por parte de las entidades de gestión de derechos ?del todo inapropiadas?. La aplicación de un canon fijo por cada dispositivo susceptible de almacenar contenidos digitales, sin tener en cuenta el uso que realizan los consumidores del mismo, ?es estrafalario y extravagante?, según los representantes de la asociación.

Esta postura que mantiene AETIC está basada en que más del 95 por ciento de los países a nivel mundial carecen de una ley similar y son muy pocas las naciones europeas las que las contemplan con este tipo de medidas. Además, argumentan que existen tecnologías que permiten controlar e impedir las copias ilegales, pero no se hacen los esfuerzos necesarios para su puesta en marcha y su actualización constante.

La Asociación se muestra contraria a los métodos en que se pretende aplicar esta nueva ley, que se centra en la copia privada, entendiendo que las entidades de gestión realizan un paralelismo entre esta actividad lícita y la piratería, confundiendo a los consumidores y perjudicándoles, junto a las empresas tecnológicas.

La ley define los términos de copia privada (copia de un original adquirido legalmente para el uso privado) y valora el lucro cesante (lo que la industria deja de ingresar por la existencia de esta copia). AETIC aclara en este ámbito que la piratería nada tiene que ver con el derecho a copia privada y que ambas situaciones deben gestionarse desde distintos frentes.

La Asociación espera contar con el apoyo de los Ministerios de Industria, el de Economía y el de Cultura, así como de la sociedad española, para impedir la aprobación de un canon sobre dispositivos electrónicos ?abusivo e indiscriminado?, según las propuestas de las entidades de gestión. Según sus datos, la aplicación de estas propuestas supondría un aumento medio de los dispositivos entre un 13 y un 35 por ciento, pudiendo llegar al 85 por ciento, lo que acarrearía la aparición de un mercado negro tecnológico hasta ahora inexistente en España, como ha ocurrido en el ámbito de los CD y DVD. En este sentido, AETIC ha informado que el Estado ha dejado de ingresar unos diez millones de euros debido al mercado negro de soportes ópticos ?que no paga canon ni IVA?. De este modo argumentan que ?si se aplica esta ley de forma descolocada, con un canon ilógico pasaríamos a una situación descontrolada?.

Los organismos de gestión quieren que se aplique una cantidad fija a cada dispositivo, mientras AETIC, y otras entidades como ASIMELEC, consideran que debe aplicarse un canon porcentual (alrededor del 3 por ciento) del precio de venta del dispositivo. Aplicar una cantidad fija significaría que, aunque en el momento del lanzamiento del dispositivo esta cantidad sólo suponga un porcentaje mínimo del precio del aparato, posteriormente, con la disminución de su precio, esta cantidad podría significar mucho más de la mitad del precio del dispositivo.

AETIC solicita al Gobierno que realice una aplicación rigurosa de la ley, que controle de forma pormenorizada sobre qué dispositivos debe aplicarse en función del uso que se dé al aparato y que resuelva si el canon debe ser una cantidad fija o un porcentual variable.

Además, estima que los organismos de la administración y la mayoría de empresas españolas deberían verse fuera de este canon debido al uso profesional que hacen de los dispositivos de almacenamiento digital. ?Un canon así crea un ambiente desfavorable para la inversión de empresas en España?, comentan sus portavoces.

AETIC además exige que las entidades de gestión deban informar sobre el uso que realizan de los ingresos por canon, como lo hace la administración con los impuestos. ?Apelamos por la lucha contra la piratería a través de la educación y la información, además de la persecución?, terminan aclarando.

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