| Noticias | 19 NOV 2009

El Defensor del Pueblo apoya en parte las reclamaciones de Intel en su enfrentamiento con la Comisión Europea

El Defensor del Pueblo europeo ha acusado a la Comisión Europea de "mala administración" durante su investigación antimonopolio contra Intel, cuyo resultado ha sido la imposición a la compañía de una fuerte multa y la prohibición de continuar con sus prácticas anticompetitivas.
Marta Cabanillas

 El Defensor del Pueblo, Nikiforos Diamandouros, responde a una queja presentada por Intel tras el fallo emitido por la Comisión Europea en mayo. En aquel momento, el fabricante apeló la decisión ante la Corte de Primera Instancia de Luxemburgo. El veredicto de este tribunal, cuya opinión tiene mayor peso legal que la de Diamandouros, será escuchada en audiencia durante la primera mitad de 2010.

El parecer de Diamandouros no tiene, de hecho, implicación legal y, por tanto, no puede anular la decisión tomada en mayo por la Comisión, que exigía a Intel el pago de 1.060 millones de euros (1.570 millones de dólares) en concepto de multa por contravenir las leyes antimonopolio de la UE. Sin embargo, sí puede llegar a influir en la valoración que el Tribunal de Primera Instancia haga sobre la apelación de Intel.

En la queja presentada por el fabricante ante el Defensor del Pueblo, Intel argumentaba que la Comisión no había tenido en cuenta los detalles de una reunión mantenida el 23 de agosto de 2006 con un ejecutivo de alto nivel de Dell, pese a que tal encuentro afectaba directamente al tema objeto de la investigación antimonopolio.

El Defensor del Pueblo ha dicho estar de acuerdo en que tal reunión afectaba al asunto investigado. “Además considera que la Comisión no tomó adecuadamente nota de lo tratado en ella y que el archivo de la investigación no incluía la agenda del encuentro. Por eso, concluye que se trata de una mala administración del proceso”, ha declarado la oficina de Diamandouros en un comunicado.

Sin embargo, éste no apoya la reclamación de Intel con relación a la supuesta violación por parte de la Comisión del derecho de defensa de la compañía, ni tampoco la relativa a la mala administración de ciertos documentos obtenidos de dos empresas –cuyos nombres no han sido revelados- implicadas en la investigación antimonopolio.

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