Europa presenta el plan para reducir las tarifas de roaming
La Comisión Europea ha dado a conocer ya el plan para forzar a los operadores móviles a reducir las tarifas de itinerancia que sus abonados pagan cuando se encuentran fuera de su país. Los operadores contarán con un plazo de seis meses para implementar los cambios en sus precios minoristas.
Concretamente, la propuesta se basa en la idea de que el coste total de roaming durante una llamada local o internacional es calculable multiplicando por dos o por tres el coste de terminación. La Ley permitiría a los operadores cobrar al consumidor un 30% más, lo que representa el mismo margen que disfrutan actualmente en las llamadas domésticas.
Desde hace tiempo, la Comisión venía anunciando este plan como medio de acabar con lo que consideraba un cobro abusivo que, durante unos seis años, había permitido a los proveedores de servicios móviles beneficiarse de márgenes de nada menos que entre un 300% y un 500% en las llamadas en roaming.
Una vez que el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales de los 25 estados miembro de la Unión Europea alcancen un acuerdo sobre la propuesta de ley, ésta se hará efectiva de manera inmediata, obligando, en un primer momento, a los operadores a recortar los precios mayoristas que cargan al resto por gestiona las llamadas de sus abonados cuando se encuentran fuera de los países donde han contratado los servicios.
La comisaria encargada de política sobre telecomunicaciones, Viviane Reding, ha manifestado su confianza en que las reducciones en las tarifas mayoristas acaben reflejándose en los precios al usuario. Pero, en lugar de imponer la rebaja en los precios minoristas de manera inmediata, Europa ha preferido dar a las empresas afectadas el plazo de medio año para aplicar la reducción según sus respectivos criterios.
Este plazo deja vía libre a los operadores para aprovechar la próxima temporada de verano aplicando, durante la cual se registran las mayores tasas de llamadas en roaming, debido al aumento de las personas que viajan, especialmente a lugares turísticos, como Grecia y España. Unos 147 millones de personas utilizarán estos meses sus móviles fuera de sus países de origen dentro de la unión Europea, lo que supondrá millones de euros en ingresos para los operadores.
Pese a ello, éstos no están contentos. Rob Conway, CEO de la asociación GSMA, que agrupa a muchos de los proveedores de telecomunicaciones móviles europeos considera que la propuesta de la Comisión “es un corsé que dificulta la innovación y la competencia, y, en consecuencia, daña en último término a los consumidores”.
Una vez que el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales de los 25 estados miembro de la Unión Europea alcancen un acuerdo sobre la propuesta de ley, ésta se hará efectiva de manera inmediata, obligando, en un primer momento, a los operadores a recortar los precios mayoristas que cargan al resto por gestiona las llamadas de sus abonados cuando se encuentran fuera de los países donde han contratado los servicios.
La comisaria encargada de política sobre telecomunicaciones, Viviane Reding, ha manifestado su confianza en que las reducciones en las tarifas mayoristas acaben reflejándose en los precios al usuario. Pero, en lugar de imponer la rebaja en los precios minoristas de manera inmediata, Europa ha preferido dar a las empresas afectadas el plazo de medio año para aplicar la reducción según sus respectivos criterios.
Este plazo deja vía libre a los operadores para aprovechar la próxima temporada de verano aplicando, durante la cual se registran las mayores tasas de llamadas en roaming, debido al aumento de las personas que viajan, especialmente a lugares turísticos, como Grecia y España. Unos 147 millones de personas utilizarán estos meses sus móviles fuera de sus países de origen dentro de la unión Europea, lo que supondrá millones de euros en ingresos para los operadores.
Pese a ello, éstos no están contentos. Rob Conway, CEO de la asociación GSMA, que agrupa a muchos de los proveedores de telecomunicaciones móviles europeos considera que la propuesta de la Comisión “es un corsé que dificulta la innovación y la competencia, y, en consecuencia, daña en último término a los consumidores”.
