Europa promueve la factura electrónica en las relaciones administrativas entre sus miembros

La Unión Europea ha puesto en marcha una iniciativa para construir una infraestructura de compras que cubra el sector público de todos los estados miembros de la UE y simplifique el intercambio de facturas electrónicas. Se prevé que esta implantación esté operativa en 2010 y para su realización se dispone de un presupuesto de 20 millones de euros.

Con la puesta en marcha del Plan European Public Procurement on-line (PEPPOL-Sistema de logística y contratación Público Online Pan Europeo), la Comisión Europea pretende simplificar el proceso de intercambio de facturas electrónicas, contratos y otros documentos entre el sector privado y público, consiguiendo que sea más eficiente y transparente. En el futuro, la infraestructura electrónica ayudará a que las compañías europeas participen en igualdad de condiciones en los concursos públicos convocados por la Unión Europea.

En el proyecto participa la compañía Basware como experto en software de gestión electrónica de compras, cuyo director de Tecnología, Jari Tavi, prevé que con esta implantación se consiga un “ahorro de entre un 5 y un 20% en los procesos de compra del sector público europeo”. El sector público gasta en los estados miembros de la UE cantidades que rozan anualmente los 1.500 billones de euros, el equivalente al 16% del Producto Nacional Bruto de todo el área. Además de la reducción de costes también se obtendrá con este sistema de factura electrónica “una reducción en el uso del papel y serán significativos los efectos que tendrá en la mejora del medioambiente de la Unión. Un cálculo aproximado determina que las compañías envían 14 billones de facturas cada año”

Se estima que esta infraestructura de compras esté operativa a finales del 2010. Al estar basada en estándares abiertos, será independiente de cualquier operador, lo que asegura una competencia de precios libre. Para su implantación se dispone de un presupuesto de 20 millones de euros, de los que la mitad está subvencionada por la Comisión Europea y el resto por un consorcio formado por empresas del sector privado pertenecientes a Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Austria, Hungría e Italia.



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