| Noticias | 28 NOV 2008

Intel denuncia estar sufriendo un trato discriminatorio y parcial de la Comisión Europea

Intel ha calificado de "discriminatoria y parcial" la investigación que está llevando a cabo la Unión Europea sobre las actividades de la compañía por supuestas prácticas monopolísticas. Según el fabricante, se le está impidiendo defenderse adecuadamente contra las acusaciones que sobre él pesan.
Marta Cabanillas
Intel ha sido acusada de abuso de poder al aplicar practicas monopolísticas para desplazar a su competidor Advanced Micro Devices (AMD) fuera del mercado de CPU, unos cargos recogidos en una declaración de objeciones y otro documento suplementario emitidas respectivamente el año pasado y a principios de 2008.

De acuerdo con estos documentos, Intel presuntamente habría vendido chips por debajo de su coste de producción y aplicado descuentos especiales a un fabricante de ordenadores y a una cadena de comercios minoristas –cuyos nombres no se han revelado- a cambio del compromiso de vender únicamente sus procesadores, excluyendo los de la competencia.

Además, según la acusación, la empresa habría llegado incluso a pagar al fabricante de ordenadores en cuestión para que retrasara el lanzamiento de productos basados en chips AMD.

En varios comunicados, Intel ha proclamado desde un principio su inocencia y su confianza en que finalmente sería declarada inocente de los cargos. Pero ahora ha decidido apuntar directamente a la Comisión Europea y a la forma en que está llevando la investigación antimonopolio.

Así, el pasado 10 de octubre, el fabricante de chips presentó su propia demanda argumentando que la Comisión había fracasado en su intento de conseguir una “evidencia documentada” de la acusación en el caso, en aparente referencia a AMD, y había rechazado el argumento de Intel según el cual no podía contestar a los cargos sin disponer de tal documentación. Un rechazo que Intel ha calificado de “manifiestamente ilegal”.

Ahora pide que las decisiones de la Comisión Europea sean anuladas, así como la ampliación del plazo para presentar su respuesta oficial a la declaración de objeciones que la acusa. La compañía pide que el límite para se marque en 30 días después de haber recibido los documentos aludidos en su propia demanda. Además, quiere que sea la Comisión quien se haga cargo de los costes del tribunal.

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