| Noticias | 23 JUL 2007

Qualcomm pierde otra batalla en su intento de seguir vendiendo sus chips en EE.UU.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha desestimado una solicitud de Qualcomm para suspender el cumplimiento de la sentencia de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) que prohibía la importación de algunos de sus chips.
Marta Cabanillas

La Corte de Apelaciones ha explicado que no puede considerar la solicitud hasta que el período de valoración presidencial de la sentencia haya finalizado. Nada más emitirse el veredicto, que responde a una demanda sobre patentes interpuesta por Broadcom, el pasado 7 de junio, Qualcomm solicitó una anulación al presidente de Estados Unidos y George Bush cuenta ahora con un plazo de 60 días a contar desde esa fecha para tomar su decisión.


En cualquier caso, si el presidente no vetara la sentencia de la ITC, Qualcomm volverá a presentar su petición ante el Tribunal de Apelaciones, según ha informado Emily Gin Kilpatric, portavoz del fabricante.


Esta es la segunda ocasión en que el intento de Qualcomm de suspender el veredicto de la Comisión termina en fracaso. La primera fue cuando a finales de junio cuando fue rechazada una petición similar dirigida por la compañía ante la propia ITC, sólo unas semanas después de que ésta decidiera prohibir la importación a Estados Unidos de futuras versiones de los chips Qualcomm por considerar que infringían patentes de Broadcom.


Apoyo de la industria

Son muchos los operadores y suministradores de tecnologías móviles afectados que apoyan la solicitud de anulación de sentencia de Qualcomm, cuyos chips son utilizados en gran parte de los dispositivos celulares que se comercializan en Estados Unidos. Entre las compañías que piden que la prohibición sea suspendida se incluyen, entre otras, Sprint Nextel, T-Mobile USA, Motorola, AT&T Mobility, LG Electronics, Mobilecomm y, hasta hace poco, Verizon Wireless.


Ésta última abandonó el jueves las iniciativas de presión para una anulación del veredicto tras llegar a un acuerdo con Broadcom para poder importar teléfonos con chips “prohibidos” a cambio de pagar a ésta una cantidad por cada terminal en concepto de royalties.


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