BSA | The Software Alliance advierte en Cataluña de los riesgos de utilizar software sin licencia
Cuatro de cada diez programas informáticos en empresas de esta comunidad no disponen de licencia legal.
Disponer de programas de ordenador sin licencia en los sistemas informáticos corporativos puede acarrear grandes riesgos operativos y legales. Por ello, e impulsado por la entrada en del nuevo Código Penal durante 2015, BSA | The Software Alliance ha emprendido una campaña de concienciación en Catalunya, donde se registra un alto índice de software de este tipo. El índice de software sin licencia en Cataluña se sitúa en el 42%, frente a la media del 45% para el conjunto de España según la consultora IDC.
Se trata de la primera vez que BSA | The Software Alliance realiza una campaña de este tipo ante la gravedad de las consecuencias legales que se derivan de la modificación del Código Penal que entrará en vigor próximamente, entre ellas, la responsabilidad penal de los administradores, que podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, además de tener que afrontar multas similares a las previstas para las personas jurídicas.
“Todavía hoy muchos responsables de informática, directivos y empresarios desconocen que pueden estar incurriendo en serios riesgos al gestionar de forma errónea sus activos de software. Con esta iniciativa queremos desterrar la idea de que usar software sin licencia es más barato, y concienciar a más empresas de que pueden obtener mucho más valor del software si lo hacen de forma legal”, ha comentado Enrique Ruiz, portavoz del comité español de BSA.
En 2014, las empresas que fueron denunciadas e investigadas por uso de software ilegal tuvieron que afrontar multas e indemnizaciones que en su conjunto superaron los 800.000 euros, un 17% más que en 2013.
Además de las consecuencias penales para sus responsables, las organizaciones (personas jurídicas) pueden enfrentarse a multas que pueden ascender a los 280.000 Euros, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de locales y establecimientos; Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o para tener beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, o la intervención judicial para salvaguardar los derechos de trabajadores o acreedores.
