La UE multa por pactar los precios de los CRT

Los siete fabricantes son LG Electronics, Philips, Samsung Electronics, Toshiba, Technicolor, Panasonic y MT Picture Display (MTPD) y tendrán que pagar 1.470 millones de euros de multa.

Office 2013

Un total de 1.470 millones de euros. Ésta es la multa que la Comisión Europea ha impuesto a LG Electronics, Philips, Samsung Electronics, Toshiba, Technicolor, Panasonic y MT Picture Display (MTPD) por pactar los precios de los tubos de rayos catódicos (CRT) en dos grupos separados entre 1996 y 2006.


Las autoridades antimonopolio de la Unión Europea establecieron que el CRT representa entre el 50 y el 70 por ciento del precio de la pantalla y que LG Electronics, Philips, Samsung Electronics, Toshiba, Technicolor, Panasonic and MT Picture Display (MTPD) trabajaron de manera conjunta para compartir el mercado de CRT, asignar clientes, fijar precios, controlar la producción y compartir información comercial sensible, limitando la libre competencia. Algunas de las compañías implicadas participaron en los dos grupos y otros sólo en uno de los dos. Uno de los grupos se encargaba de los tubos de imagen de color que se utilizan en los televisores, mientras que el otro hacía foco en los tubos de las pantallas de color de los monitores de los ordenadores. En este sentido, Technicolor (anteriormente Thomson), Toshiba, Panasonic y MTPD (ahora compañía subsidaria de Panasonic) solo participaron en el grupo de los tubos de televisores, mientras que Chunghwa, LG Electronics, Philips y Samsung SDI participaron en los dos.

 

Chunghwa dispone de inmunidad “completa” debido a que fue la primera compañía que proporcionó información sobre estas prácticas. Otras compañías, como Technicolor, Philips y Samsung SDI, también han visto reducida la multa, en un 10, 30 y 40 por ciento respectivamente, gracias a su cooperación con las autoridades.  “Las compañías conocían que estaban quebrantando la ley y tomaron precauciones para mantener sus prácticas ocultas”, ha asegurado la Comisión Europea. Durante las investigaciones se encontraron algunos documentos con instrucciones claras para que fueran destruidos tras su lectura. Un documento en particular solicitaba “a todo el mundo” a mantener la información “en secreto” ya que su contenido “puede causar un serio perjuicio” si llega “a los clientes o a la Comisión Europea”.

 



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