Entrevista
CIO

"Pese a los clichés, los órganos judiciales están muy avanzados en digitalización"

Para Javier Hernández, Subdirector General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia en el Ministerio de Justicia, España es un referente en cuando a la digitalización del sistema de Justicia. En una charla con CIO España explica cuáles son los proyectos ejecutados y analiza los principales desafíos por sortear para mantener esta posición de liderazgo.

Javier Hernández Justicia
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Nerea Bilbao / Imagen: Juan Márquez

 

¿Cuáles son los requerimientos que tiene la justicia a nivel digital partiendo de los dos prismas desde los que se puede hacer una aproximación; la parte del servicio a los empleados del ministerio y la del ciudadano?

 

Basado en esos dos prismas hay uno que es fundamental, y es de ámbito interno. Tenemos el desafío de avanzar en la digitalización, que ya lo está muy en los órganos judiciales pese a los clichés que en ocasiones tenemos, y que consiste en pasar de una administración basada en documentos digitales a una administración basada en datos, de tal manera que no solo nos permita agilizar los procesos de tramitación interno sino que también podamos hacer un tratamiento de esos datos. Y en última instancia, por qué no, hacer estudios prospectivos, de cómo está funcionando, y la aplicación de políticas públicas.

Todo esto está recogido en el proyecto político Justicia 2030 y concretamente en Justicia Orientada al Dato, que es una de las banderas de este equipo ministerial liderado por Pilar Llop.

Hay más retos. Uno muy importante es el de la seguridad, que no sólo es la tecnológica, donde se hace un esfuerzo inversor y organizativo muy importante, sino también la seguridad jurídica digital. Con la ley que está en fase de tramitación estamos dando carta de naturaleza a todos los nuevos procesos como la automatización, la IA, la tramitación automática, la proactiva o la videoconferencia para vistas telemáticas para dotar de seguridad a la ciudadanía y también a los operadores jurídicos.

De cara a hacer la justicia más sencilla y accesible al ciudadano, la tecnología es fundamental de manera que tenemos que hacer servicios digitales fáciles, comprensibles y con un lenguaje cercano. En este sentido también creo que nos queda mucho que recorrer porque estamos llevando a cabo unas cuantas iniciativas.

A título personal me gustaría situar a la justicia como referente en tres ámbitos. El primero, el de la dimensión social; la justicia es un termómetro de la conflictividad social de un país por la forma en que la tecnología puede ayudar a poner los grados de temperatura a través de los datos para aplicar medidas públicas. También para la competitividad del país. La justicia también es un motor económico; es una administración con 240.000 funcionarios y con un impacto económico brutal en la sociedad. Situar aquí a la justicia como un actor relevante en la economía de un país y como un referente económico es fundamental. Y creo que lo estamos consiguiendo. Estamos logrando que la aplicación de nuevas tecnologías sea noticia en el ámbito judicial.

Por último tenemos que hablar de la cogobernanza. La administración de justicia está delegada y distribuida entre diferentes territorios y es fundamental trabajar mucho los ámbitos de cogobernanza para que no haya brechas digitales o de servicio.

 

"Se están logrando grandes hitos dentro de Justicia 2030 en los que la tecnología es trasversal a todos ellos"

 

Hablas de la Justicia 2030. Podemos decir que esta es la parte normativa pero, ¿hay realmente un respaldo tecnológico que soporte todas estas ambiciones?

 

Sinceramente creo que sí. Justicia 2030 tiene más de una treintena de proyectos. Y para muchos de ellos tenemos, también gracias a los fondos, la capacidad organizativa pero también la capacidad económica y técnica de llevarlos a cabo.

 

Por ejemplo, la mediación digital o la videoconferencia suponen un cambio transformador en la relación con el ciudadano. Cualquier ciudadano que tuviera que ratificar un divorcio tenía que acudir a un órgano judicial a firmar presencialmente esa ratificación ante el letrado de la administración de justicia. Ahora no tiene por qué suceder. Ahora tiene un sistema de videoconferencia con plena seguridad digital que recaba las evidencias de su identificación, su voluntad mediante la firma electrónica no criptográfica y que genera todas las evidencias de la IP, el lugar donde se realizó, el ancho de banda utilizado, etc. La mera expresión de la voluntad por videoconferencia con esa seguridad jurídica es una realidad.

Se están logrando grandes hitos dentro de Justicia 2030 en los que la tecnología es trasversal a todos ellos.

 

Uno de los proyectos más recientes de los que nos hemos hecho eco ha sido el de SIRAJ-2. ¿Qué nos puedes contar sobre él y qué ha supuesto con respecto a lo que ya había?

 

Yo tengo dos gorras. Una es la de responsable del impulso y de la innovación de los servicios digitales de la administración de justicia. Pero entre las funciones que aparecen en el real decreto de estructura, hay una que pone gestión integral de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, que se conforma por un equipo de funcionarios que se encargan diariamente de mantener esos registros, que son los que dan soporte a esa aplicación SIRAJ-2.

Sobre SIRAJ-2, hemos conseguido modernizar la aplicación tecnológicamente después de muchos años de trabajo y actualmente permite un tratamiento de los datos con muchísima mayor calidad. Permite la elaboración de una serie de automatismos que evitan problemas como la falta de comunicación entre aplicaciones. De hecho, en septiembre tendremos disponible para todas las comunidades autónomas una serie de servicios de consulta para que puedan integrar sus sistemas de gestión procesal con esta aplicación.

 

Independientemente de cuáles sean los sistemas de gestión de cada comunidad.

 

Efectivamente. Precisamente en el seno de la cogobernanza de la que hablábamos pactamos cómo debían ser esos intercambios de información de tal forma que pudiéramos establecer alertas, por ejemplo. La idea es que cada sistema haga uso de los servicios como considere que es mejor para sus funcionarios y, en última instancia, no nos olvidemos, para la protección de las víctimas, porque esos registros contienen todos los históricos penales de todas las personas condenadas en España, pero también de todas las víctimas. Se comunican a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estas órdenes de protección, órdenes de alejamiento, los requerimientos, etc. Este sistema de información, actualizado al siglo XXI y con una homogeneización de las bases de datos, nos permite dar una respuesta muchísimo más ágil y efectiva.

 

Es una iniciativa, por tanto, que reduce esa brecha. Uno de los grandes problemas de la administración pública es precisamente la interoperabilidad de sistemas entre comunidades autónomas que, además, van a diferentes velocidades.

 

SIRAJ ya era un buen nodo de interoperabilidad porque era un sistema que homogéneo en toda España. Lo que sí que es cierto es que no interoperaba y lo que permitimos con este cambio es abrir SIRAJ a cualquier sistema procesal.

Hay dos grandes bloques a nivel de digitalización: uno que tiene que ver con  los nodos de interoperabilidad para el intercambio de documentos y expedientes judiciales, uno de interoperabilidad con SIRAJ, uno de interoperabilidad con el registro estatal de apoderamientos judiciales, otro con la cuota de impuestos y consideraciones judiciales, que es donde la gente paga las fianzas, donde se recaba el dinero cuando se hace la subasta de un bien; con el tablón único, con el sistema de intercambio de registros, etc. Así, hasta más de una decena de proyectos de interoperabilidad pactados por las comunidades autónomas de forma unánime.

 

Sin duda son grandes avances pero sigue habiendo un embudo, una falta de eficiencia y de funcionamiento. ¿Dónde está el problema y qué queda por resolver?

 

Una de las grandes mentiras del sistema judicial español es que es el más lento. Es un problema que tenemos que atajar y que creo que estamos resolviendo con todas las iniciativas tecnológicas y que también van acompañadas de leyes que están en el Congreso y que es un problema mayor de la tecnología: hablamos de la Ley de la Eficiencia Organizativa y la Ley de la Eficiencia Procesal. En el primer caso hablamos de una reestructuración de los órganos judiciales para que sean más eficientes mediante la incorporación de servicios comunes. La segunda intenta establecer métodos adecuados de solución de conflictos previos al orden jurisdiccional de manera que podamos liberar de problemas fácilmente solucionables en un entorno prejudicial, pero también el establecimiento de los pleitos testigo, que se repiten continuamente y que podemos automatizar.

Desde un punto de vista tecnológico, si bien organizativamente no estamos ni mucho mejor ni mucho peor que todos los países de nuestro entorno, incluso los más ricos de Europa, tampoco tenemos más o menos escasez de recursos que otros países, pero esto no quiere decir que no tengamos un problema.

 

“La robotización ha evitado años de trabajo a los funcionarios y ha cancelado 250.000 antecedentes penales”

 

Tecnología está orientada al dato, apoyando políticas públicas, apoyando nuevos mecanismos de relación con el ciudadano y un largo etcétera.

Podemos hablar de robotización, como hemos hecho con la cancelación de los antecedentes penales. La robotización ha evitado años de trabajo a los funcionarios y ha cancelado 250.000 antecedentes penales. Esto antes se hacía a mano. En marzo de 2021 introdujimos un robot que hasta el día de hoy ha cancelado 250.000 causas. Esto es la eficiencia de la justicia. Y así, otras muchas causas. También hablamos de robotización en subastas judiciales.

Se notará con el tiempo, llevamos tan solo dos años con el impulso de los fondos y con este nuevo equipo.

 

En 2019, bajo el mandato de Dolores Delgado, se aprobó una partida de 160 millones de euros que se utilizó en gran parte para la renovación de infraestructura. ¿Está solucionada la problemática de la infraestructura sobre la que se debe construir todo lo demás?

 

Considero que sí. A nivel de infraestructuras tenemos uno de los CPD más avanzados de toda la Administración, con unas capacidades de seguridad brutales. Los usuarios de justicia están bien dotados, desde mi punto de vista, a nivel de informática y demás en comparación con otros servicios públicos de los que yo provengo.

Durante la covid-19 estuvimos preparados para dar servicio para que la gente teletrabajara desde sus casas con miles de conexiones. Solamente el ministerio de Justicia tiene 24.000 usuarios. También nos olvidamos de que el Ministerio de Justicia tiene tres gorras: la promoción de servicios horizontales e interoperabilidad a toda la comunidad, la oferta de servicios al propio ministerio y a varios territorios de España desde el punto de red hasta la aplicación que manejan. Creo, sinceramente, que estamos en condiciones de decir que tenemos una buena infraestructura, tanto de seguridad como operativa.

 

Hace algo más de dos años que llegas a este cargo, un período que coincide con la pandemia extraordinaria. ¿Cómo ha sido?

 

Desde un punto de vista personal, cambiar de ministerio en pleno confinamiento ha sido muy duro. Ha implicado conocer a todos los equipos a través de videoconferencia, con lo cual la gestión ha sido compleja.

Desde un punto de vista tecnológico, no creo que haya ningún organismo público ni ninguna empresa que no haya sufrido en la incorporación de los medios técnicos, portátiles, de conexión, de la preparación de los sistemas para que pudieran usarse desde los domicilios de los empleados públicos, etc. Ha sido algo común. Si hubiera que poner algo de manifiesto en relación a esto es el cambio transformador que ha supuesto a la hora de incorporar nuevas tecnologías. Visto en perspectiva creo que ha sido un dinamizador enorme.

 

Uno de los grandes problemas es la escasez de talento. Hablábamos hace poco con uno de sus homólogos del Ministerio de Hacienda que comentaba que se prevé una ola de jubilaciones de talento y que preocupaba sobre todo la escasez de talento técnico. ¿Cuál es la situación a este respecto en el ministerio de Justicia?

 

Ha habido una oferta de empleo público brutal que se verá materializada en los próximos años. Pero además la vocación de servicio público es brutal. Vemos trabajadores que se jubilan más tarde o que apuran esos años de jubilación en tecnologías y en otras áreas. Es increíble. Creo que este esfuerzo está haciendo que no tengamos quizás los mismos problemas que a lo mejor puede tener la empresa privada.

Desde hace dos años llevo advirtiendo en diferentes foros al sector privado de la enorme carencia que tenemos de personal. Esto tiene muy difícil solución, pero tiene que ir acompañado de tres iniciativas: la primera la captación, tenemos que ser capaces de seducir y para eso hay que acercarlo a la que la gente entiende; no es programación en Java, es la elaboración de un servicio digital para la ciudadanía. También tenemos que trabajar la retención y ser conscientes de que tenemos que aplicar políticas de empleo que sean más flexibles con el teletrabajo, que ayuden a conciliar la vida personal y laboral, etc. Y por último la capacitación. La Secretaría de Estado de Digitalización ha puesto a disposición, a través de los fondos europeos, 3.700 millones de euros en capacitación de la ciudadanía, empleados públicos y directivos, pero también universidades y otros ámbitos de gestión.

 

“La nube no es en sí mismo un objetivo, pero sí que es un medio fantástico para obtener grandes resultados”

 

Sobre los fondos europeos. Está claro que serán positivos para el impulso de los proyectos tecnológicos en la Administración. Sin embargo hay sudas sobre la capacidad de la infraestructura pública de gestión y ejecución en plazo estos proyectos. ¿Se están ejecutando?

 

Estoy muy satisfecho con la gestión que ha hecho el Ministerio de Justicia. Cuando se nos asignaron los 410 millones de euros, en la parte de digitalización fuimos muy pragmáticos.

En 2020 hicimos una aproximación muy pragmática en la que sabíamos que por la propia ley de contratos no podríamos ejecutar proyectos en el primer año. Con lo cual el primer año lo dedicamos al Proyecto Cero, de renovación y de mejora de las infraestructuras tecnológicas, tanto de los propios CPD como de la propia infraestructura de usuario. En 2020 empezamos a diseñar lo que íbamos a hacer en 2021, que fue lo que se aprobó; un reparto de fondos para hacer lo que hemos comentado antes: los grandes nodos de interoperabilidad y los proyectos país, de sistemas de gestión de personal y otros sistemas asociados. Nuestro porcentaje de ejecuciones ha sido excelente.

 

Hablas de renovación de CPD, ¿cuánto se apoya el Mministerio de Justicia en la nube?

 

Cada vez más. La administración pública ha sido un poco reacia y se ha incorporado tarde al mundo cloud. Mi punto de vista es diferente: la nube no es en sí mismo un objetivo, pero sí que es un medio fantástico para obtener grandes resultados. Buena prueba de ello es que algunos servicios digitales ya se están prestando en la nube, aunque no se sepa. No tenemos ningún tipo de complejo, pero tampoco es un objetivo en sí mismo.

 

Los procesos críticos siguen estando en casa.

 

Hasta hace dos años todos los sistemas estaban en casa. Por la propia normativa y también por la propia cultura. Este nuevo equipo no tiene esas reticencias y creo que forma parte también de las nuevas tendencias que está marcando este equipo directivo.

 

El Ministerio de Justicia ha participado en un proyecto de transformación digital de la justicia en Marruecos. ¿Cuál ha sido el papel de España, cuáles han sido las premisas que se les han recomendado y cuáles son los modelos en los que el sistema español se ha fijado, si es que lo ha hecho?

 

España es un buen modelo a seguir. En todos los informes de la CEPEG salimos siempre en las primeras posiciones. No creo que haya ningún otro país que tenga digitalizados todos los órdenes jurisdiccionales como lo tiene España, incluido el penal. O incluso un órgano tan complejo como la Audiencia Nacional, donde estamos solamente limando los flecos para tener una tramitación guiada en todos los procedimientos judiciales. Somos un referente y esto lo valoran los países de nuestro entorno.

 

Por último me gustaría mentar la tecnología ‘blockchain’. Estamos viendo que está siendo muy útil para aplicaciones relacionadas con la trazabilidad, la confiabilidad de los procesos cuando requieren la validación de las partes involucradas, etc. ¿Cómo ves la aplicación de esta tecnología en Justicia?

 

Sinceramente, no lo hemos visto un requerimiento. Al igual que decíamos con la nube, que no es en sí mismo un fin sino un medio, lo mismo ocurren con blockchain. No niego su utilidad pero a día de hoy no lo estamos planteando. Sí es cierto que mi equipo de innovación está evaluando la aplicabilidad de la tecnología en temas como certificados vivos, pero no estamos haciendo un uso efectivo actualmente ni lo preveo a corto plazo. Es una tecnología que exploramos como cualquier otra.



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