Europa se equivocó al decidir facilitar información sobre sus pasajeros a Estados Unidos

La decisión de compartir los expedientes de estos pasajeros, que incluyen datos relativos a sus nombres, direcciones, y fechas previstas para viajes, fue claramente bajo la influencia emocional de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y pretendía ayudar a los Estados Unidos en su “guerra contra el terrorismo”.

El Parlamento Europeo, ya entonces, se opuso al acuerdo, promovido por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, y finalmente aprobado por los gobiernos de los 25 países miembros. Una vez aprobada la medida y firmado el acuerdo con Estados Unidos en mayo de 2004, el Parlamento apeló a la Corte de Justicia de Luxemburgo.

En su apelación, el Parlamento alegaba que la Comisión se equivocaron al dar por supuesto que la información sobre los ciudadanos europeos estaría adecuadamente protegida por las autoridades estadounidenses y que la aprobación de los gobiernos nacionales a transferir los datos fue también un error.

Ahora, transcurridos más de cinco años y medio desde los ataques del 11-S y con los ánimos más templados, la Corte ha fallado a favor de la apelación invalidando tanto la decisión de la Comisión como la de los gobiernos de los distintos países miembros. “Ni la decisión de la Comisión ni la del Consejo estaban sustentadas sobre una base legal apropiada”, indica la Corte en su fallo.

Dilema legal
Un fallo interpretado como una victoria por los activistas a favor de las libertades civiles, pero que coloca a las compañías de viajes en un dilema legal, especialmente a las líneas aéreas que hasta ahora debían recoger los datos de los pasajeros y facilitarlos a las autoridades de Estados Unidos. Las leyes al respecto resultan ahora contradictorias, dado que, según la normativa estadounidense aprobada tras el 11-S, cuando las aerolíneas fallan en su “obligación” de proporcionar este tipo de informaciones, pueden llegar a ser objeto de multa.

La Corte de Justicia Europea ha dado a la Comisión y al Consejo hasta el 30 de septiembre próximo como plazo para encontrar una solución. “Los acuerdos suscritos hace dos años conservarán su validez cuatro meses más para evitar una situación de incertidumbre legal”, según la propia Corte, hasta que los legisladores europeos encuentren una alternativa.

Algunas naciones europeas, como Reino Unido, están considerando la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos para seguir compartiendo información sobre sus pasajeros.