La reforma europea de telecomunicaciones se enfrenta a un probable retraso

Las esperanzas de llegar a una rápida conclusión de las conversaciones sobre la reforma de las leyes europeas de telecomunicaciones se esfumaron el miércoles. El gobierno checo, que actualmente ocupa por un período de seis meses la presidencia rotativa de la Unión Europea, se opuso, entre otros estados miembros, a llegar a un acuerdo al respecto, según ha asegurado la propia comisaria europea Viviane Reding, principal promotora de la reforma.

En un encuentro celebrado con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en la tarde del miércoles, la República Checa se manifestó contraria al paquete de reformas apoyado por la mayoría de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE). Más tarde, Reding describió la actitud del gobierno checo por no garantizar el logro de un acuerdo de “catastrófica”. “El Parlamento entiende la necesidad de crear un mercado único para las telecomunicaciones en Europa. Desafortunadamente, algunos estados miembros todavía piensan que levantar barreras entre países es la mejor solución”, según la comisaria.

El resultado es que prácticamente ha desaparecido cualquier posibilidad de que el acuerdo sobre el nuevo paquete legislativo, conocido como “paquete de telecomunicaciones”, se alcance antes de las próximas elecciones del Parlamento Europeo, que tendrán lugar en junio.

Cambios importantes
La reforma proponía la creación de un cuerpo regulativo para toda la Unión Europea, en el que estuvieran representados los reguladores nacionales de los 27 miembros. Con ello se pretende resolver el problema actual ocasionado por las diferentes interpretaciones de las leyes de telecomunicaciones europeas que lleva a cabo cada país y la obstrucción de la competencia justa por un excesivo apoyo de los gobiernos nacionales a los antiguos monopolios públicos del sector.

Otra medida importante incluida en el paquete es la referida a la redistribución de las frecuencias de radio liberadas con el paso de la televisión analógica a la digital, conocidas en el sector como “dividendo digital”. La Comisión ha propuesto gestionar el proceso de distribución de forma transparente y a nivel de la UE, en lugar de permitir que sea ejecutado separadamente por cada país.



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