Los servicios públicos aumentarán el gasto en ciberseguridad con vistas a 2027

El movimiento hacia la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) se está convirtiendo en el impulsor por excelencia de los medidores de electricidad conectados, que se espera que alcancen una base instalada de 1.300 millones con vistas a 2027. Un crecimiento que está impulsando a las empresas de servicios públicos y proveedores de energía a revisar sus agendas de seguridad digital y administración de dispositivos y operaciones. Así lo refrenda un nuevo informe de la firma global de inteligencia tecnológica ABI Research bajo el título Análisis de aplicaciones de servicios de seguridad de IoT en servicios públicos de electricidad.

Supervisión, eficiencia y seguridad

La digitalización de las redes eléctricas tradicionales y la modernización de la infraestructura energética obsoleta se encuentran entre las principales preocupaciones de los operadores y los gobiernos de todo el mundo. Con frecuencia, se pasaba por alto la seguridad de las aplicaciones de consumo de energía de última milla. “Sin embargo, la introducción de AMI, la medición inteligente y la digitalización de la red está aumentando constantemente el gasto en servicios de gestión segura”, explica Dimitrios Pavlakis, analista sénior de ciberseguridad de IoT en ABI Research. “Una acción que está ayudando a los implementadores a hacer la transición a los servicios de seguridad de TI (tecnologías de la información) y OT (tecnologías operativas) y a abordar sus objetivos principales”, continúa. Estos objetivos clave incluyen la racionalización del consumo de electricidad comercial y de consumo, satisfacer la necesidad de una mayor producción industrial y, por supuesto, abordar la demanda de servicios de optimización de energía en tiempo real.

Cuando se trata de medición inteligente, incide Pavlakis, las claves son “supervisión, eficiencia y seguridad”. “Las responsabilidades de las empresas de servicios públicos y los proveedores de energía han aumentado significativamente y están entrando en nuevos terrenos potencialmente desconocidos”. Así, las empresas de servicios públicos están tratando de “alinearse con las regulaciones gubernamentales, permitir nuevas interacciones de la cadena de suministro con los fabricantes para asegurarse de que los OEM de dispositivos cumplan con los requisitos de seguridad de hardware y software para medidores inteligentes, coordinar la emisión de identidad digital y la instalación segura de firmware, determinar la rentabilidad de los gastos de capital a largo plazo y continuar sirviendo a sus clientes finales mientras optimizan la transición a los servicios AMI”. Algo que supone, sin duda, un verdadero reto.

Estrategias

La introducción de regulaciones gubernamentales con respecto a la implementación, administración y supervisión en AMI es quizás uno de los predictores más importantes en lo que a los servicios de seguridad de IoT para medidores de electricidad respecta. Un pronóstico que obliga a los operadores de servicios públicos a revisar sus estrategias. La emisión de identidades, la administración de dispositivos, el firmware por aire (FOTA), la inteligencia de seguridad y el monitoreo del tráfico se encuentran entre las principales prioridades para ellos. “Además, el enfoque en la administración de la red regional y la introducción de miles o millones de medidores inteligentes impulsa a las empresas de servicios públicos a invertir en sus servidores de cabecera locales a través de módulos seguros de hardware (HSM) y plataformas de administración de seguridad para mitigar parte del costo a largo plazo”, concluye Pavlakis.